El Gobierno negó que vaya a
subir la edad para la jubilación
Lo confirmó Basavilbaso, director de la Anses; desde 2019 se elevará a 65
años el requisito para acceder a la pensión universal
Francisco Casas
La Nación
11 de enero de 2017
El director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, afirmó ayer que no
está dentro de los planes del Gobierno aumentar la edad mínima para acceder a
la jubilación y manifestó su “deseo” de que el valor de las prestaciones sea
mayor, pero remarcó que “debe asegurarse la sustentabilidad” del sistema.
Al respecto, fuentes de la Anses aclararon a LA NACION que tanto las
cuestiones vinculadas con el nivel de las prestaciones (por fuera de la
actualizaciones automáticas) como las relacionadas con modificaciones en las
edades mínimas para jubilarse son facultad del Consejo de Sustentabilidad
Previsional, un ente establecido por la ley de reparación histórica para
jubilados y pensionados, a mediados del año pasado.
Dicho consejo tiene un plazo máximo de tres años para elaborar un nuevo
régimen previsional y deberá remitir un informe a la Comisión Bicameral de los
Fondos de la Seguridad Social cada seis meses.
En declaraciones a Radio La Red, Basavilbaso expresó su deseo de que el
haber mínimo jubilatorio alcance los valores de la canasta básica, que hoy el
Indec calcula en $ 12.489 para una familia tipo. “Nos encontramos con la
restricción del dinero con el que se cuenta para hacer frente al pago de las
prestaciones. De todas formas, hoy la Argentina tiene uno de los índices de
cobertura más altos del mundo. El 97% de los adultos mayores tiene alguna
prestación de la Anses, de 5661 pesos para arriba. Estamos muy por encima del promedio
de la región. Así y todo, queremos subir ese valor, pero que sea sustentable”,
afirmó.
En la ley de reparación histórica para jubilados y pensionados que se
sancionó el año pasado junto con la ley de blanqueo de capitales, se estableció
la pensión universal para el adulto mayor (PUAM), cuyo monto debe representar
el 80% de la jubilación mínima. En el proyecto original, se elevaba de 60 a 65
años la edad para que las mujeres puedan acceder a dicha prestación. Debido a
las críticas de la oposición, se prorrogó la entrada en vigor de esa medida
hasta 2019. La PUAM es financiada con fondos del Tesoro nacional y no de la
Anses, aclararon en el organismo previsional.
“Tenemos garantizados los fondos para el pago de los reajustes, ya que la
ley de reparación histórica establecía específicamente el modo de financiarlos.
Hasta el momento, todos los reajustes están siendo solventados con dinero
proveniente de las penalidades percibidas por el blanqueo de capitales”, dijo
ayer Basavilbaso.
El funcionario destacó como logros de su primer año de gestión, más allá de
la reparación histórica y la creación de la pensión universal para el adulto
mayor, una disminución en la pauta publicitaria del organismo y una mayor
rentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), además de la
eliminación de las jubilaciones irregulares de extranjeros. “Logramos una
disminución de un 40% en la pauta publicitaria, que alcanzaba los $ 1000
millones y se dirigía sólo a determinados medios”, aclaró.
Con respecto a la eficiencia en el manejo de los fondos, afirmó que había
mucha disponibilidad del FGS en determinados bancos y no generaba utilidades.
“Ese dinero se invirtió, por eso el fondo tuvo el rendimiento mas alto de los
ultimos diez años”, dijo.
“Otra cuestión en la que se trabajó, tanto sobre la base de datos como en
campo, fueron las jubilaciones irregulares”, afirmó Basavilbaso,
También comentó que ciudadanos de Paraguay o Chile que no residían en el
país cobraban jubilaciones. “Esta maniobra era facilitada por gestores
argentinos, quienes tramitaban las jubilaciones a cambio de una comisión. Por
eso fueron denunciados penalmente.”
Mejoran los haberes de un grupo de jubilados
Algunos pasivos cobrarán más este mes; el plan se demora para algunos
Silvia Stang
La Nación
10 de enero de 2017
La Anses pagará este mes los haberes de algo más de 294.000 jubilados ya
actualizados por la aplicación del plan de reparación histórica dispuesto por
ley. El programa incorporará así a más personas al mecanismo de pagos
anticipados de estos reajustes, ya que se trata de casos en los que aún no
fueron homologados por un juez los acuerdos que la ley dispone que deben firmar
los jubilados con el Estado.
El plan de reparación, que contempla poner en línea los ingresos de más de
2 millones de jubilados y pensionados con lo dispuesto por la Corte Suprema en
algunos fallos, corre por ahora a dos tiempos.
Por un lado y según datos de la Anses, si se considera a quienes recibirán
su recomposición este mes, serán 894.668 los ya beneficiados. Pero por otro
lado, hay muchos pasivos (sobre todo entre quienes tienen juicios en trámite o
incluso con sentencia) a quienes aún no se les informó cuál es la oferta de
pago que se les hace a cambio de que renuncien a sus demandas.
Ya desde septiembre, algunos jubilados entre los que no habían iniciado
litigios (pero a quienes ahora se les reconoce desde el Estado que se les
estuvo pagando en los últimos años por debajo de lo debido), comenzaron a
cobrar ya con un ajuste. La elección incluyó criterios de edad y de niveles de
ingresos o cuantía del aumento otorgado.
¿Quiénes son los que cobrarán una recomposición este mes? Según
especificaron fuentes de la Anses consultadas por LA NACION, los criterios
dispuestos se enmarcan en una ampliación de facultades que, para decidir estos
pagos, recibió el organismo por un decreto de necesidad y urgencia, el 1244, de
diciembre pasado. Así, se les incrementará el ingreso a personas de 75 años o
más cuyos haberes ya actualizados no superen el valor de la jubilación mínima
multiplicada por cuatro (esto da $ 22.644) y a quienes, más allá de su edad,
les corresponda (según los criterios de cálculo adoptados por la Anses) un
reajuste que no supere el 30% del haber mínimo, lo que equivale a decir que la
suba no será de más de $ 1698. Son, además, según las fuentes del organismo,
jubilados sin juicios en trámite.
Para conocer si alguien está o no incluido en este grupo, es posible ver el
detalle de la liquidación del ingreso de este mes en la página de la Anses.
Para ello, claro, se debe ingresar con la clave de la seguridad social que, en
caso de no tenerla, puede gestionarse sin necesidad de ir a una oficina de la
Anses.
El hecho de recibir una mejora del haber mensual por este procedimiento
anticipado, no quiere decir que no se tengan que hacer trámites; de hecho, la
suba dejará de percibirse luego de seis meses si es que no hubo aceptación
expresa del nuevo monto. Ese trámite requiere en primer lugar de marcar la
opción (aceptar o rechazar) en la Web. Y luego, se debe firmar el acuerdo por
el cual la persona renuncia a continuar o a iniciar un juicio reclamando una
mejor recomposición del monto. Para esta gestión se usará la huella digital,
por lo que es necesario haberla registrado antes.
“El objetivo de que haya menos juicios se va a lograr”, evaluó la abogada
previsionalista Elsa Romero. Pero agregó que, a la vez, habrá también quienes a
partir de conocer lo que se les ofrece en el plan, decidirán ir a un juicio por
evaluar que así podrían conseguir una recomposición mayor (ésa es una
posibilidad que depende de varios factores). Según Romero, una de las
cuestiones aún pendientes es la definición de las fechas de pago para los casos
en que -a diferencia de quienes ya cobran con el reajuste- requieren de la
homologación previa por parte de un juez.
Por un fraude millonario, el PAMI revisa su subsidio para medicamentos
También quitará ese subsidio a los que posean un auto de menos de 10 años o
más de una propiedad; habrá un ahorro de $ 1600 millones anuales
Florencia Donovan
La Nación
8 de enero de 2017
La viveza criolla no conoce de límites ni se templa con la edad. El PAMI
decidió revisar los criterios con los cuales otorga el subsidio social para
medicamentos, que beneficia a los afiliados con un descuento del 100% en
remedios, después de detectar miles de casos de personas que tenían a su nombre
propiedades de lujo, embarcaciones y hasta aviones, y que estaban gozando del
beneficio de tener medicamentos gratis.
La decisión no es menor: los casos en cuestión representarían la erogación
de unos 1600 millones de pesos anuales, esto es, casi dos veces lo que sale
construir un hospital y equiparlo por completo. De ahora en más, el PAMI se
ahorrará ese importe. “Es un escándalo. Acá había mucho de prebenda política”,
dijo a LA NACION el director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni.
Hasta ayer, quienes cobraban menos o el equivalente a 1,5 haberes
previsionales mínimos -lo que suma alrededor de 8491,7 pesos mensuales-
accedían a una cobertura del 100% en medicamentos generales. Es decir, no
pagaban nada.
Lo mismo sucedía con aquellos afiliados que ganaban más de 1,5 haberes,
pero que destinaban el cinco por ciento o más de sus ingresos al pago de
remedios. Entre ambas categorías sumaban 1,6 millones de afiliados con esta
bonificación. Ahora, el régimen cambiará y podrían dejar de percibir el
subsidio afiliados que estén suscriptos, además, a una medicina prepaga o que
tengan un vehículo de menos de 10 años de antigüedad.
Y es que en el universo de 1,6 millones de afiliados con medicamentos
gratis, según detectaron en el instituto nacional de servicios sociales para
Jubilados y Pensionados tras cruzar los datos de sus afiliados con los del
Sintys (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social), había al menos
2495 personas con embarcaciones a su nombre, 51 con aeronaves, y otras tantas
con más de una propiedad de lujo.
“Alguien que mantiene un avión y o un barco y saca medicamentos gratis para
la presión es parte de una defraudación del PAMI. Más cuando el PAMI ya te lo
da con un descuento del 80 por ciento”, ejemplificó Regazzoni.
Así las cosas, mediante la Disposición Conjunta 0005-17, el PAMI estableció
que, a partir de ayer, sólo se les otorgará el subsidio social a aquellos que
cobren menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos. Pero desde
ahora estarán excluidas todas aquellas personas que sean propietarias de más de
un inmueble o que de los registros surja que tengan de un vehículo de menos de
10 años (con la excepción de aquellos que posean un certificado de
discapacidad). Tampoco podrán hacerse de medicamentos gratis los que sean
dueños de embarcaciones o de aeronaves.
Otro universo que perderá el acceso a la bonificación son aquellos
jubilados que, además de PAMI, cuenten con una prepaga. Según los datos de la
institución, de los cinco millones de afiliados que tiene la obra social, entre
100.000 y 200.000 tendrían además un plan de medicina prepaga.
Justamente estos jubilados, en muchos casos, optan por mantener la prepaga
una vez que se retiraron de la actividad ya que este tipo de cobertura es
prácticamente imposible de contratar cuando se es adulto mayor. Esa duplicidad
de coberturas genera que, en muchos casos, las prestaciones médicas se
canalizan por la prepaga, pero los medicamentos, por tener un mayor descuento,
se compran por el PAMI.
En los casos en los cuales el jubilado o pensionado cobre más de 1,5
haberes previsionales mínimos o cobre menos, pero tenga más de una propiedad o
un auto de menos de 10 años, y los remedios le demanden el equivalente al 5% de
sus ingresos o más, el PAMI le otorgará el subsidio. Pero, para ello, lo hará
mediante una vía de excepción, en la que se requerirá un informe social, la
escala de vulnerabilidad sociosanitaria y la revalidación médica. Luego, se
resolverá. Quienes tengan a su nombre embarcaciones o aviones, quedarán
excluidos en todo momento.
Los criterios que sumó el PAMI son similares a los que rigen para quienes
gozan de la tarifa social de servicios públicos. En tal sentido, aclaró
Regazzoni, todos aquellos jubilados o pensionados que tengan tarifa social
también van a ser beneficiados con el subsidio de PAMI.
“El principio que va a regir es que todos tengan los remedios que
necesitan, que no se empobrezca el jubilado por esto. Pero corrigiendo las
irregularidades o los abusos -dijo Regazzoni-. El subsidio sigue, sólo se va a
revaluar la situación si tiene alguna condición. La gente misma nos tiene que
ayudar. Lo central es entender que el subsidio es para las personas que más lo
necesitan. Este es el descuento más importante del país”, subrayó.
En rigor, el PAMI garantiza siempre la gratuidad de todos los medicamentos
de primerísima necesidad: los oncológicos, de HIV o trasplantes, entre otras
enfermedades. Luego ofrece descuentos que van del 50 y hasta el 80% en la
compra de medicamentos generales. Y tiene, además, un subsidio social especial,
que contempla un descuento del 100% en la compra de medicamentos generales,
para favorecer a los jubilados y pensionados más vulnerables, y que es el que
ahora está bajo revisión.
“Lo importante es que subsidies al 100% de los medicamentos que la gente lo
necesita y no aquel que de repente paga 13.000 pesos mensuales de una prepaga,
viaja o tiene un departamento de lujo, que perfectamente puede pagar el 20% de
un remedio para la presión”, explicó el titular del PAMI.
En la entidad estiman que las irregularidades podrían sumar cerca del 10%
de lo que el instituto destina cada mes para pagar el subsidio, que le
representa en total unos 1300 millones de pesos mensuales. El subsisidio social
tiene además un peso no menor en el presupuesto de la entidad, dado que suma
casi el 45% de lo que PAMI gasta en remedios.
Los números del PAMI
5 Millones
Es la cantidad de afiliados que tiene el
PAMI, entre jubilados y pensionados.
1,6 Personas
Son los millones de jubilados que hasta
ahora gozaban del subsidio social del PAMI.
1.300 Costo
Son los millones de pesos que sale el
subsidio social, que contempla un descuento de 100% en la compra de remedios.
10 por ciento
Es el nivel de fraude estimado del
subsidio social.
1.600 Millones de pesos
Es el dinero que estaría destinando PAMI
anualmente a afiliados que gozan erróneamente del subsidio.
2.800 Millones
Son los pesos que gasta por mes el PAMI
en remedios
La sostenibilidad del sistema jubilatorio, un debate muy próximo
El sistema se financia cada vez en mayor medida con impuestos; en 2019
deberá haber un nuevo esquema
Silvia Stang
La Nación
6 de enero de 2017
El pago de las jubilaciones y pensiones que están a cargo de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) representa nada más y
nada menos que alrededor de cuatro de cada diez pesos del presupuesto de la
Nación. Con insuficiencia de ingresos para cubrir esas erogaciones con los
aportes y contribuciones más los impuestos que -algunos en parte y otros en su totalidad-
se asignan al sistema, el Tesoro cubre el déficit previsional que es, en
definitiva, buena parte del déficit fiscal general.
Con compromisos crecientes a lo largo del tiempo, a causa de las políticas
decididas en los últimos años, y a consecuencia también del progresivo
envejecimiento poblacional, la sustentabilidad del sistema previsional es un
tema cuyo debate se instalará en poco tiempo.
La cuestión, de hecho, ya fue contemplada en una norma votada por el
Congreso el año pasado. Además de disponer el blanqueo fiscal y de establecer
un plan de recomposición de haberes para un grupo de jubilados, la ley 27.260
ordena crear un Consejo de Sustentabilidad Previsional y le asigna una misión
concreta: elaborar un proyecto de reforma integral del régimen jubilatorio que
deberá estar listo en 2019. Cada seis meses, según la ley, deberán informarse
los avances a una comisión bicameral del Congreso.
Para este año, la previsión oficial es que las prestaciones a la seguridad
social se lleven $ 952.345 millones. La distribución estimada por la ley de
presupuesto indica que, de ese monto, $ 792.450 millones irán a los pagos de
jubilaciones y pensiones del sistema regular (cobradas por algo más de 6,7
millones de personas) y otros $ 97.192 millones, a las pensiones no
contributivas (son 1,5 millones).
La primera cifra mencionada está integrada, además, por $ 59.657 millones
para el plan de reparación histórica, y por $ 3046 millones para la pensión
universal dirigida a personas que, al cumplir 65 años, no acceden a una
jubilación por falta o insuficiencia de aportes.
Estos dos últimos ítems se refieren a políticas instrumentadas por el
actual gobierno. En el caso del plan de reparación, la intención es poner los
ingresos de unos 2,4 millones de jubilados en línea con lo dicho por la Corte
Suprema en algunos de sus fallos sobre el tema previsional. Hay, por lo tanto,
una meta de reducción del número de juicios -tanto presentes como futuros-,
porque al firmar un acuerdo con la Anses que debe homologar la Justicia, el
jubilado renuncia a iniciar o a continuar una demanda.
Esto alivia los pasivos contingentes del sistema, pero, a la vez, eleva la
necesidad de recursos para hacer frente al pago de haberes actualizados en
forma inmediata o, en el caso de las retroactividades, para abonarlas en un
plazo de tres años (estos montos, que compensan los pagos insuficientes de
períodos anteriores, los percibirán quienes habían iniciado un juicio).
Los compromisos de la Anses en lo que a jubilaciones se refiere aumentaron
en los últimos años con las moratorias previsionales, que les permitieron
obtener ingresos mensuales a personas con aportes insuficientes o directamente
sin aportes. La tasa de cobertura previsional (adultos mayores con ingresos)
llegó así a más de 95%.
Por el lado de los ingresos, la Anses recibiría este año y según el
presupuesto, $ 698.814 millones provenientes de aportes y contribuciones de
trabajadores y empleadores, para el pago de diferentes prestaciones. Este ítem
representa casi el 28% de la recaudación total de los impuestos y recursos de
la seguridad social. Ocupa el segundo lugar después del IVA, del que se
obtienen casi 29 pesos de cada 100.
También se vuelca al organismo parte de la recaudación de impuestos
generales y las penalidades cobradas a quienes en estos meses blanquean bienes
y capitales.
En el caso de Ganancias y antes de disponerse su reparto entre la Nación y
las provincias, se detrae un 20% para la Anses. Del IVA, el organismo
previsional recibe once de cada cien pesos. Además, el régimen jubilatorio
percibe recursos derivados de tributos que pesan sobre los combustibles y los
cigarrillos, y también siete de cada diez pesos del componente impositivo de
las cuotas del monotributo (además, claro, de la contribución específica
prevista en ese régimen para financiar las jubilaciones).
En 2016, la Anses perdió algo de la recaudación tributaria que iba a su
caja: se trata de parte del 15% de la coparticipación que, por un pacto fiscal
de los 90, las provincias habían cedido al sistema jubilatorio. Según un
esquema progresivo, esa cesión de fondos -que provocó fuertes conflictos en los
últimos años- no existirá más en el año 2020.
La composición del financiamiento de las prestaciones será revisado por
quienes preparen la reforma mencionada. En ese debate, que se plantea como
integral, se considerarán otros aspectos del sistema, como la edad jubilatoria
y la unificación del momento de retiro entre varones y mujeres (la nueva
prestación universal ya unificó el requisito para el acceso en 65 años). La ley
define seis lineamientos del futuro sistema: dice que deberá ser universal,
integral, solidario, público, sustentable y de reparto.
Los números de la
gestión del organismo
Emilio Basavilbaso – Director ejecutivo de la ANSES
Una de las medidas que puso en marcha es
el plan de reparación histórica, que alivia las contingencias del Estado y
eleva el gasto inmediato
40% Pago de prestaciones
Es lo que representan las jubilaciones
del sistema de la Anses y las pensiones no contributivas en el presupuesto
nacional, según la ley de gastos aprobada para 2017
952.000 Millones de pesos
Es el gasto que esas prestaciones
insumen; la cifra incluye las nuevas obligaciones del Estado por el plan de
reparación histórica, que prevé poner en línea con lo dicho por la Corte
Suprema los ingresos de 2,4 millones de jubilados
99.100 Millones de pesos
Son los recursos que recibió la Anses en
los últimos días, provenientes de la recaudación de penalidades pagadas por los
adherentes al blanqueo de bienes y capitales
9% de los impuestos
Del total de recursos coparticipables,
la Anses recibió hasta 2015 un 15% en virtud de un pacto fiscal de los 90. En
2016 recibió 3 puntos menos y este año se reducirá otro tanto esa cesión de
fondos por parte de las provincias; en 2020 ya no existirá esta fuente de
ingresos para el sistema nacional.
El fondo de inversión de ANSeS subió más de $ 200.000 millones en 2016
El FGS pasó de administrar $ 653.275 millones a $ 866.972 millones en un
año, lo que representa un 33% de incremento que no llegó a empatar a la
inflación, por lo que supone una caída en términos reales. El 58,3% de la
cartera corresponde a operaciones de crédito público de la Nación y 13,6% en
acciones, rubro en el que suma $ 118.000 millones. Otro 10% corresponde a
inversiones en infraestructura
Mariano Gorodisch
El Cronista
3 de enero de 2017
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
de la ANSeS es, por lejos, el fondo de inversión más grande de la Argentina.
Ganó mas de $ 200.000 millones durante el 2016, cifra que puede parecer
apabullante, pero que en realidad es una caída en términos reales ya que
aumentó 33%, por debajo de la inflación. Pasó de administrar $ 653.275 millones
a $ 866.972 millones.
El 58,3% de la cartera corresponde a operaciones de crédito público de la
Nación, que suman $ 505.632 millones, contra 407.719 millones de 2015. El 13,6%
del total del fondo está colocado en acciones, contra 14,2% de hace un año,
pero el total pasó de $ 92.877 millones a $ 117.947 millones. En papeles de YPF
el FGS tenía $ 16,8 millones al 31 de agosto de 2015 que pasaron a $ 1167
millones un año después. En Banco Macro su tenencia subió de $ 11.400 millones
a $ 19.271 millones, en Telecom de $ 10.700 millones a $ 14.172 millones, en
Grupo Financiero Galicia de $ 7000 millones a 10.946 millones, en Siderar de $
6400 millones a $ 10.761 millones, en Pampa Energía de $ 2700 millones a $
6881 millones, en Edenor de $ 2200 millones a $ 5303 millones, en
Transportadora Gas del Sur de $ 2100 millones a $ 4994 millones, en Grupo
Clarín de $ 2200 millones a $ 4953 millones. En Molinos Río de la Plata de $
1700 millones a $ 4572 millones, en Banco Patagonia de $ 2500 millones a $ 4014
millones, en Consultatio de $ 2000 millones a $ 4000 millones, en BBVA Banco
Francés de $ 2900 millones a $ 3876 millones, en Aluar de $ 1900 millones a $
2574 millones, en Gas Natural BAN de $ 360 millones a $ 2341 millones, en
Importadora y Exportadora de La Patagonia de $ 1500 millones a $ 2125 millones,
en San Miguel de $ 659 millones a $ 1659 millones y en Mirgor de $ 276 millones
a $ 1290 millones.
Por otra parte, en proyectos productivos o de infraestructura tienen $
94.886 millones, contra $ 76.297 millones de hace un año.
Las obligaciones negociables y depósitos a plazo fijo suman $ 61.052
millones, contra $ 18.144 millones de diciembre de 2015.
Cambio de mando
Esta semana de enero asumirá en la ANSeS la nueva conducción directiva del
FGS. Su cúpula está preparando la transición, que está super encaminada, para
dejar armado el equipo, que será liderado por Juan Martín Monge junto a un team
que peina canas‘ por su experiencia tanto en el ámbito local como en el
internacional. Monge es hombre del riñón del titular de ANSeS, Emilio Basavilbaso,
con quienes son amigos desde el Colegio Cardenal Newman (uno de los tantos
‘cardenales’ del macrismo), quien dejará su puesto de Managing Director de
LATAM como Portfolio Management
en MetLife Investments.
en MetLife Investments.
Previamente, fue Chief Investment Officer y Associate Director de MetLife
Investments desde el 2000. Antes, había sido analista del Galicia Advent
Private Equity Fund. Monge reemplazará al ex Goldman Sachs Luis María Blaquier,
quien se marchará junto a su equipo, el ex Deutsche Matías Tamburini (director
general de Operaciones del FGS) y Fernando Recalde, director general de
Inversiones del fondo, quien volverá a dirigir los fondos Cima.
“No es un adiós, sino un hasta pronto”, se le escuchó decir a Blaquier por
los pasillos del segundo piso de Tucumán al 500. Luego de tomarse unas
vacaciones este mes, y de retornar un tiempito por la actividad privada, no
descarta volver al gobierno en algún otro lugar, ya que conoce a los
principales ministros desde hace 20 años. Su relación más estrecha es con el
influyente Mario Quintana, virtual ministro de Economía.
Blanqueo: el Gobierno le transfirió otros $ 36 mil millones a la Anses para
pagar juicios a los jubilados
El viernes había
girado 62 mil millones de pesos por lo que ya suman casi 100 mil millones
Diego Yañez Martínez
La Nación
3 de enero de 2017
El Gobierno dispuso hoy el envío de $ 36.600 millones a la Anses para el
pago de juicio a los jubilados, proveniente de las penalidades cobradas a los
contribuyentes que ingresaron al blanqueo de capitales. Los fondos se suman a
los $62.500 millones girados el viernes, por lo que la cifra total asciende a
$99.100 millones.
La norma, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Marcos Peña y del
ministro de Energía, Juan José Aranguren , fue publicada en el Boletín Oficial
a través de la decisión administrativa 1587/2016 y forma parte de la ley de
Reparación Histórica a jubilados contemplada dentro del blanqueo.
Los recursos en cuestión- tal como estipula la ley- serán destinados a
pagar a los jubilados que cobran haberes mensuales más bajos de lo que deberían
ser, según los fallos de la Corte Suprema. Es decir aquellos que ya obtuvieron
una sentencia firme (70 mil casos), quienes tienen su juicio en trámite(hay
unos 380 expedientes) y quienes no hicieron un reclamo judicial pero la Anses
entiende que cobran de menos.
“Resulta necesario incorporar recursos generados en el marco del artículo
41 de la Ley N° 27.260 de creación del Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados, que establece un impuesto especial
sobre el valor de los bienes que se declaren en el marco del Régimen de
Sinceramiento Fiscal”, sostiene la norma en sus considerandos.
Según los cálculos del organismo, 294.426 jubilados arreglaron sus juicios
y/o actualizaron sus haberes y el aumento promedio fue del 28,9%. En la primera
etapa de “reparación”, unos 100.000 jubilados tienen tiempo para aceptar la
propuesta hasta febrero.
Los US$ 90.000 millones que ingresaron hasta el momento al blanqueo, le
dejaron ingresos al fisco por 82 mil millones de pesos, tal como lo anunció el
propio titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
Alberto Abad.
Con esos fondos la Anses- según indicó el Gobierno- no necesitará recurrir
a los Fondos de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Al menos, durante este año.
Pasaron $ 62.000 millones del blanqueo para los jubilados
El Gobierno dispuso ayer el envío de ese monto millonario a la Anses
Francisco Jueguen
LA NACION
SÁBADO 31 DE DICIEMBRE DE 2016
El éxito del blanqueo repercutirá en los bolsillo de los siempre
postergados jubilados. El Gobierno dispuso ayer el envío de $ 62.000 millones
provenientes de parte la penalidades cobradas a aquellos contribuyentes que
ingresaron al blanqueo de capitales y que ahora serán destinados al
cumplimiento del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y
Pensionados, que gestionará la Administración Nacional de la Seguridad Social
(Anses).
La decisión gubernamental se vio reflejada ayer en el Boletín Oficial y fue
firmada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a través de la decisión
administrativa 1568 en el que se dispuso una modificación al presupuesto de la
administración pública de este año.
En la norma, además de contemplar readecuaciones en el programa Conectar
Igualdad. El Gobierno decidió "incorporar los recursos generados en el
marco del artículo 41 de la ley N° 27.260 de creación del Programa Nacional de
Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que establece un impuesto
especial sobre el valor de los bienes que se declaren en el marco del Régimen
de Sinceramiento Fiscal".
La recaudación de ese gravamen se destinará a la Anses, de acuerdo con
artículo 51 de esa ley, para atender el Programa Nacional de Reparación
Histórica para Jubilados y Pensionados y "el flujo de gasto que se deriva
de dicho programa se realizará de manera gradual a lo largo del tiempo, en la
medida en que los beneficiarios del programa se hagan acreedores efectivos de
sus respectivos beneficios, por lo que resulta necesario administrar dichos
fondos de manera tal de preservar su valor en el tiempo", subrayó la
decisión.
El martes pasado, en una conferencia de prensa brindada con el titular de
la AFIP, Alberto Abad, el saliente ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso
Prat-Gay, señaló que el resultado parcial del blanqueo de capitales que el
Gobierno lleva adelante le permitirá a la Anses contar con los recursos
necesarios para cubrir el gasto adicional que le demandará el pago del primer
año del programa de Reparación Histórica de los Jubilados y evitar recurrir al
Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para cumplir con este fin.
Así lo planteó Prat-Gay en una conferencia de prensa en la que reveló que
el blanqueo alcanzó los US$ 90.000 millones de activos declarados, lo que
implica unos $ 82.000 millones en concepto de penalizaciones del blanqueo. Se
trata además de números previos al cierre del sinceramiento y de sólo la
segunda etapa correspondiente al pago de alícuotas del 10% (desde mañana se
pagará 15%) de las cuentas en el exterior no declaradas. El 31 de marzo
terminará el blanqueo y allí probablemente se sumarán la mayoría de las
propiedades a blanquear, que tienen una tasa inamovible de 5 por ciento.
De los 82.000 millones de pesos, se destinarán 62.500 millones de pesos a
cumplir el compromiso de actualización de haberes asumido con los jubilados.
"Esto le va a dar a la Anses los recursos que necesita y un poco más, por
lo que podemos decir con tranquilidad que no va a necesitar recurrir al FGS por
lo menos durante todo 2017", afirmó el ministro saliente en esa
oportunidad.
Cómo es la reparación
La ley de reparación histórica para jubilados y pensionados, sancionada el
29 de junio por el Congreso, consiste en una propuesta de aceptación voluntaria
que reconoce el derecho de la clase pasiva que se encuentran en proceso
judicial contra la Anses, a actualizar sus haberes en función de fallos
judiciales en cualquier de sus instancias procesales.
Los acuerdos se homologan en sede judicial, por lo que es necesario que
cada titular cuente con un abogado, en tanto que para quienes no iniciaron
juicio, pero tienen el mismo derecho, se les propone un ajuste de la jubilación
siguiendo los mismos parámetros y con la misma metodología.
El programa se implementa en forma gradual, e incluso ya comenzó en algunos
casos. Para el pago se establecen prioridades, y el decreto reglamentario
explica cuáles son los casos de mayor urgencia: los de quienes tengan más de 80
años o sufran enfermedades graves, y los de quienes tengan un ingreso que, ya
reajustado, no supere en más de dos veces y media el haber mínimo (eso da $ 14.152,50
para los montos de septiembre). También se prioriza a quienes tengan una
recomposición que represente no más de 30% del ingreso básico (que no supere $
1698).
El panorama de una deuda que ya
es histórica
En la actualidad hay unos 400.000 juicios de jubilados están en trámite. En
tanto, según la Anses, hay 2,4 millones de jubilados alcanzados por el plan.
Según el Gobierno, la suba promedio de los haberes será de 45% de
recomposición; sin embargo, de acuerdo a los datos oficiales, será muy variable
y, por lo general, será inferior a lo que podría dar la Justicia.
La
aceptación del plan se formalizará con la firma de un acuerdo transaccional
entre el beneficiario y la Anses, que la Justicia deberá homologar. Se deberá
registrar la huella digital. Para el pago se establecerán prioridades, y el
decreto reglamentario establece esos casos: quienes tengan más de 80 años o
enfermedades graves, y quienes tengan un ingreso que, reajustado, no supere en
más de dos veces y media el haber mínimo.
Jubilados excluidos del régimen de ganancias
Los jubilados estarán exentos de Ganancias por el equivalente de hasta cinco jubilaciones mínimas (alrededor de $ 30.000 brutos).
Federico Despoulis Netri
El Cronista
21 de diciembre de 2016
Unos 140.000 jubilados que hoy tributan quedarán eximidos.
Es claro que este aumento es solo un remedio mediato para pasar fin de año con los jubilados conformes, ya que con la Reparación Histórica y esta mejora, demuestran un interés en los jubilados que hace muchos años no se veía.
Pero queda claro que esto no será una mejora permanente. Es más, es muy probable que muchos de los beneficiarios que hoy sean excluidos del régimen de ganancias, con la movilidad de Marzo y Septiembre nuevamente se incorporen al régimen, y como siempre en un silencio total, no podrán reclamar la suba de este impuesto, ya que no será un tema de discusión, sino afecta también al bolsillo de los activos.
Para poner en claro esta situación solo basta con analizar una jubilación de $ 24.000 mensuales que hoy está incluida en el régimen impositivo. Con un aumento del 25% anual de esta jubilación ya estaría incluida en el régimen, de estos 140.000 beneficiarios cuantos volverán al régimen, si seguramente, la mayoría. Pero además estará afectado un 9% o 12 % depende si el monto excede de $ 30.000 o $ 40.000.
Queda claro que hablar de jubilaciones o pensiones en algunos casos, estos montos suena exagerado, ya que muchas veces, los activos no llegan a percibir estos salarios en actividad. Pero cuando analizamos quienes son estos beneficiarios, que no son un mero número, como parecería o un porcentaje, en muchos casos encontramos docentes, que educaron a nuestros hijos, médicos, bancarios, transportistas, embarcados, pilotos, empleados jerárquicos administrativos, de años de carrera, municipales, etc. Es decir personas que se les descontó un porcentual grande de sus ingresos (el 11% de ley para su jubilación), y seguramente en muchos casos como activos no pagaron ganancias.
Por eso ante este espejismo de unos meses donde esto no sea afectado, no hay que dejarse engañar, es muy posible que con los próximos aumentos, nuevamente serán incorporados al régimen que seguramente los estará esperando gratamente.
Pago a jubilados: aprueban un trámite
La Corte reglamentó la actuación de los jueces para validar los
acuerdos
LA NACION
MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
La Corte Suprema emitió ayer una acordada por la cual aprobó la
implementación de los expedientes electrónicos con los que se tramitarán en la
Justicia los acuerdos del programa de reparación histórica para los jubilados.
El plan dispuesto por la ley 27.260 prevé una mejora de haberes para
un grupo de unos 2,4 millones de jubilados del sistema previsional nacional que
gestiona la Anses. Como la aceptación voluntaria de los aumentos ofrecidos por
el Gobierno supone la renuncia de los jubilados a reclamos judiciales, se
estableció que debe existir un acuerdo entre las partes que sea homologado por
un juez. Hasta ahora no se había avanzado en esa parte del trámite, por falta
de reglamentación.
La norma emitida ayer y firmada por los cinco integrantes del tribunal
supremo dispone el mecanismo por el que se asignarán los expedientes a los
diferentes juzados y establece que las notificaciones se harán de manera
electrónica. El momento de la puesta en marcha, sin embargo, dependerá de
cuánto se demore en lograr que los sistemas infomáticos correspondientes
"se encuentren operativos y funcionalmente aptos", según un artículo
de la acordada.
En la Anses, el director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, afirmó que el
reglamentado ayer es "el primer expediente digital de la historia judicial
argentina". Y recordó que, para firmar los acuerdos, los jubilados deberán
tener registrada su huella dactilar.
El plan de reparación contempla la ofertas de una mejora del ingreso
mensual y, si se hizo antes una demanda judicial, también una oferta de pago
del retroactivo. Para saber cuál es la oferta, se debe hacer la consulta en www.anses.gob.ar ingresando
con una clave personal. Pero no todos los alcanzados por el plan tienen ya la
información que necesitan: en el caso de quienes hicieron juicio, hasta ahora
unos 90.000 jubilados pudieron conocer qué se les ofrece. Muchos, en cambio,
aún deben esperar.
El Gobierno anunció cambios en la tarjeta Argenta
El titular de Anses, Emilio
Basavilbaso, informó que el nuevo plan oficial eleva el tope de los créditos de
$ 30.000 a $ 40.000
MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
El Gobierno
informó cambios en tarjeta Argenta, lanzada por el kirchnerismo en 2012 con el
fin de ofrecerle créditos y descuentos en
compras a los jubilados.
La medida la confirmó hoy el titular de Anses, Emilio
Basavilbaso, quien aseguró que el organismo previsional hará determinados
cambios en el sistema que beneficiarían a adultos mayores, sin quitar los
créditos ni los descuentos.
"La
tarjeta Argenta deja de existir porque se podrá usar su tarjeta de crédito del
banco", afirmó el funcionario esta mañana en radio La Red.
Aunque no se
usará más el plástico, Basavilbaso dijo que el sistema de créditos continuará
pero con cambios: el nuevo plan oficial eleva el tope de los créditos de $
30.000 a $ 40.000 y la acreditación se dará de manera directa a la cuenta
bancaria del jubilado donde cobra la jubilación. La nueva tasa de los préstamos en 12 cuotas será del 24 por
ciento.
Basavilbaso aprovechó el anuncio de los cambios para
cuestionar el sistema que funcionó hasta ahora: según dijo el funcionario, el
otorgamiento del crédito "se hacía a través de un intermediario que
cobraba una comisión y el jubilado sólo podía retirar el 50 por ciento del
dinero". "El otro 50 por ciento podía consumirlo en los locales donde
había acuerdo con la tarjeta", contó.
"En realidad estamos potenciando la tarjeta, la
estamos haciendo más simple", se defendió Basavilbaso luego de que el
diario Página 12 revelara hoy el fin de la tarjeta Argenta.
El jefe de Anses prometió que también continuarán los
descuentos, aunque aseguró que en los últimos años sólo fue usado por una
mínima porción de jubilados. "El club de descuentos no tenía movimiento,
era el 0,01 por ciento, por eso estamos negociando con los distintos
comercios", dijo Basavilbaso. Y agregó: "Espero que se relance a
principio del año que viene".
Jubilados: se podrá pedir la corrección de los nuevos
haberesPor falta de datos, algunos ingresos no se calculan según la ley
Silvia Stang
LA NACION
MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2016
La Anses habilitará en los próximos días un mecanismo para que los jubilados puedan solicitar una corrección del monto del haber mensual que se les ofrece en el plan de reparación histórica. Esto es, claro está, para los casos en que se considere que la cuenta debería dar un número diferente y se puedan aportar datos para probarlo. Así lo dijo Gonzalo Estivariz, secretario Legal y Técnico del organismo previsional, al ser consultado por LA NACION.
La medida tratará de dar respuestas a situaciones en las cuales, ante la falta de datos informatizados para saber cómo se llegó a un determinado haber jubilatorio, la Anses dispuso hacer el recálculo del ingreso con un mecanismo (basado en una serie de coeficientes) diferente al establecido por la ley 27.260, de reparación histórica. Y, según abogados previsionalistas, eso produce diferencias. En la Anses admiten la situación (también dicen que en algunos casos resultan brechas a favor de los jubilados) y afirman que si se obtienen los datos que permitan aplicar la fórmula de la ley, así se hará.
En la Justicia, en tanto, se tramita un recurso de amparo -la causa es "Ramírez, Elsa Isabel c/ Anses" y recayó en el juzgado número 5 del fuero de la seguridad social- por el cual se reclama usar el mecanismo de cálculo de la ley en lugar de los coeficientes, lo cual aportaría, en ese caso en particular, un reajuste un 43% mayor que el ofrecido, según explicó el abogado Adrián Tróccoli, quien hizo la presentación.
¿Por qué se produce el conflicto? Al calcular los haberes se tienen en cuenta los salarios de los últimos diez años trabajados. Y una cuestión clave es cómo se actualizan los valores históricos. Si no se cuenta con los datos de todas esas remuneraciones, el recálculo que propone la nueva ley no resulta posible. Por eso se buscó la alternativa. El problema, según Tróccoli, es que "los coeficientes han demostrado provocar grandes diferencias que resultan violatorias del espíritu de la ley de reparación".
El mecanismo previsto por la Anses habilitará a que el jubilado o quien lo representa suba a la web la información necesaria, tanto de los salarios como de los ajustes que eventualmente hayan recibido luego los ingresos jubilatorios por alguna orden judicial. Según Estivariz, se abrirá entonces una instancia de corrección, en caso de corresponder, para ajustar las cifras.
Para la abogada Elsa Rodríguez Romero, será esencial tanto que se permita informar los datos que la Anses dice no tener, como también que, antes de aceptar o rechazar la oferta de pago (el plan es de adhesión voluntaria), un jubilado pueda evaluar bien los números.
Hasta la semana pasada, habían aceptado su nuevo ingreso 135.347 personas. De ellas, 82.939 son jubilados que ya cobraron o están cobrando por primera vez su haber ajustado. Otros 24.351 casos son de quienes, por cumplir con determinados requisitos, pudieron adherir al sistema de "aceptación previa", un mecanismo abreviado por el cual la Anses empezará a liquidar en noviembre el nuevo monto, sin necesidad de que antes se homologue el acuerdo en la Justicia. Y un tercer grupo de quienes aceptaron está integrado por 28.057 pasivos que dieron su aval pero que necesitan la homologación del acuerdo antes de cobrar.
En cuanto al nuevo mecanismo para revisar datos, Estivariz aclaró que valdrá tanto para quienes tienen un juicio y aún esperan saber cuánto les ofrecerá el plan (se había dicho que eso se informaría en septiembre, pero el plan viene retrasado para este grupo), como para quienes cobran su haber actualizado ya en estos meses, que son parte de quienes no hicieron demanda pero a quienes de todas formas se les incrementa el haber, con un reconocimiento de que en los últimos años se les pagó menos de lo debido.
En la Anses estiman que durante noviembre todos los alcanzados por el plan tendrán conocimiento de cuál es la oferta que se les hace, para decidir luego si firman el acuerdo de aceptación del nuevo haber mensual y, en el caso de quienes tienen juicio, también del retroactivo, es decir, de la suma acumulada por las diferencias entre el ingreso mensual que debió pagarse y el que efectivamente se pagó desde el Estado.
Para quienes tienen sentencia firme, ese retroactivo no tendrá limitaciones en cuanto a la cantidad de meses reconocidos, en tanto que a quienes tienen un litigio en trámite, se les reconocerá un retroactivo con un límite de 48 meses. En cualquiera de los dos casos, de todas formas, sí podría existir una diferencia (dependiendo de la fecha de jubilación) respecto de lo que se obtendría con una sentencia judicial. Esa diferencia posible se deriva del hecho de que el índice adoptado por el plan de reparación para actualizar los salarios usados al calcular la jubilación tuvo, durante un período, una evolución menor a la del índice con el cual se reestima el haber cuando hay una orden judicial.
Un fallo reduce las subas a los jubilados que van a la Justicia
Una decisión de primera instancia modifica el índice de actualización de salarios que hasta ahora siempre se consideraba al ordenar el recálculo de haberesLa medida tratará de dar respuestas a situaciones en las cuales, ante la falta de datos informatizados para saber cómo se llegó a un determinado haber jubilatorio, la Anses dispuso hacer el recálculo del ingreso con un mecanismo (basado en una serie de coeficientes) diferente al establecido por la ley 27.260, de reparación histórica. Y, según abogados previsionalistas, eso produce diferencias. En la Anses admiten la situación (también dicen que en algunos casos resultan brechas a favor de los jubilados) y afirman que si se obtienen los datos que permitan aplicar la fórmula de la ley, así se hará.
En la Justicia, en tanto, se tramita un recurso de amparo -la causa es "Ramírez, Elsa Isabel c/ Anses" y recayó en el juzgado número 5 del fuero de la seguridad social- por el cual se reclama usar el mecanismo de cálculo de la ley en lugar de los coeficientes, lo cual aportaría, en ese caso en particular, un reajuste un 43% mayor que el ofrecido, según explicó el abogado Adrián Tróccoli, quien hizo la presentación.
¿Por qué se produce el conflicto? Al calcular los haberes se tienen en cuenta los salarios de los últimos diez años trabajados. Y una cuestión clave es cómo se actualizan los valores históricos. Si no se cuenta con los datos de todas esas remuneraciones, el recálculo que propone la nueva ley no resulta posible. Por eso se buscó la alternativa. El problema, según Tróccoli, es que "los coeficientes han demostrado provocar grandes diferencias que resultan violatorias del espíritu de la ley de reparación".
El mecanismo previsto por la Anses habilitará a que el jubilado o quien lo representa suba a la web la información necesaria, tanto de los salarios como de los ajustes que eventualmente hayan recibido luego los ingresos jubilatorios por alguna orden judicial. Según Estivariz, se abrirá entonces una instancia de corrección, en caso de corresponder, para ajustar las cifras.
Para la abogada Elsa Rodríguez Romero, será esencial tanto que se permita informar los datos que la Anses dice no tener, como también que, antes de aceptar o rechazar la oferta de pago (el plan es de adhesión voluntaria), un jubilado pueda evaluar bien los números.
Hasta la semana pasada, habían aceptado su nuevo ingreso 135.347 personas. De ellas, 82.939 son jubilados que ya cobraron o están cobrando por primera vez su haber ajustado. Otros 24.351 casos son de quienes, por cumplir con determinados requisitos, pudieron adherir al sistema de "aceptación previa", un mecanismo abreviado por el cual la Anses empezará a liquidar en noviembre el nuevo monto, sin necesidad de que antes se homologue el acuerdo en la Justicia. Y un tercer grupo de quienes aceptaron está integrado por 28.057 pasivos que dieron su aval pero que necesitan la homologación del acuerdo antes de cobrar.
En cuanto al nuevo mecanismo para revisar datos, Estivariz aclaró que valdrá tanto para quienes tienen un juicio y aún esperan saber cuánto les ofrecerá el plan (se había dicho que eso se informaría en septiembre, pero el plan viene retrasado para este grupo), como para quienes cobran su haber actualizado ya en estos meses, que son parte de quienes no hicieron demanda pero a quienes de todas formas se les incrementa el haber, con un reconocimiento de que en los últimos años se les pagó menos de lo debido.
En la Anses estiman que durante noviembre todos los alcanzados por el plan tendrán conocimiento de cuál es la oferta que se les hace, para decidir luego si firman el acuerdo de aceptación del nuevo haber mensual y, en el caso de quienes tienen juicio, también del retroactivo, es decir, de la suma acumulada por las diferencias entre el ingreso mensual que debió pagarse y el que efectivamente se pagó desde el Estado.
Para quienes tienen sentencia firme, ese retroactivo no tendrá limitaciones en cuanto a la cantidad de meses reconocidos, en tanto que a quienes tienen un litigio en trámite, se les reconocerá un retroactivo con un límite de 48 meses. En cualquiera de los dos casos, de todas formas, sí podría existir una diferencia (dependiendo de la fecha de jubilación) respecto de lo que se obtendría con una sentencia judicial. Esa diferencia posible se deriva del hecho de que el índice adoptado por el plan de reparación para actualizar los salarios usados al calcular la jubilación tuvo, durante un período, una evolución menor a la del índice con el cual se reestima el haber cuando hay una orden judicial.
Un fallo reduce las subas a los jubilados que van a la Justicia
Silvia Stang
lA NACION
DOMINGO 2 DE OCTUBRE DE 2016
Un juez de primera instancia del fuero de la seguridad
social se apartó de lo que hasta ahora venía sosteniendo la Justicia en sus
respuestas a reclamos referidos al cálculo del haber que cobra una persona
apenas se jubila. La nueva decisión implica un cambio del índice de
actualización con el cual las sentencias le ordenan al Estado ajustar los
valores históricos de los últimos 120 salarios trabajados antes del retiro
laboral. Un promedio de esos sueldos se utiliza como parte de la fórmula de
cálculo del ingreso jubilatorio. Y, por eso, la manera en que se le da a esos
números una actualización incide en el monto del haber. El índice que ahora
comienza a usar uno de los juzgados le da en muchos casos a las jubilaciones un
valor menor, en comparación con el que podía obtenerse hasta ahora por vía de
un litigio y más allá de en qué juzgado recaía la demanda.
La modificación del índice fue decidida por el juez
Juan Fantini. Según sus argumentos, lo hizo para alinearse con el plan de
reparación histórica aprobado por la ley 27.260. Justamente por cuáles son los
índices de actualización establecidos para recalcular el ingreso inicial de
quienes ya están jubilados, la aplicación de esa norma hace que en muchos casos
se ofrezca el pago de un haber mensual mayor al hoy percibido, pero inferior
respecto de lo que podría obtenerse al ir a la Justicia. LA NACION accedió a
una sentencia de Fantini con el nuevo criterio, aunque la persona demandante
pidió no ser identificada.
El eje del conflicto está en el hecho de que durante
varios años no se dio un debido ajuste al valor nominal de los salarios usados
en la fórmula (de hecho, el tema se resolvió pero sólo hacia adelante en el
tiempo, con la decisión de usar como actualizador el índice de la ley de
movilidad que está vigente desde 2009). Y entonces, se produjo una
subestimación de las jubilaciones por la fuerte desvalorización que sufrió el
peso. Por eso, en 2009 la Corte Suprema ordenó actualizar esos salarios, en su
sentencia referida a la demanda del jubilado Alberto Elliff. Allí, los jueces
decidieron también qué índice tomar en cuenta: optaron por el llamado ISBIC,
que sigue la evolución de salarios básicos de la construcción y la industria.
Ese índice tuvo una evolución, en determinados
períodos, muy superior a la del indicador llamado Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), que es el elegido por la Anses
para el recálculo de haberes en el nuevo plan de reparación. La ley fija el uso
de ese índice para los salarios percibidos entre 1995 y 2008, en tanto que usa
otra variable (el Nivel General de las Remuneraciones) para un período previo.
Este es uno de los motivos por los que hay ofertas del plan oficial menores de
lo esperable de la Justicia. Según explicaron en su momento en la Anses, la
elección del Ripte respondió al hecho de que es menos volátil que el Isbic y a
que en el fallo Elliff la Corte le reconoce al Poder Ejecutivo la facultad de
elegir el índice de actualización. Este argumento está citado por el juez
Fantini.
En la Anses hay expectativas respecto de un cambio del
índice que, al final del camino, sea convalidado por la Corte Suprema. El dato
curioso es que quien por ahora se apartó de la jurisprudencia, es el mismo juez
que días atrás hizo lugar a una medida cautelar suspendiendo el uso del fondo
de garantía previsional para hacer frente a los pagos del plan oficial
(decisión que luego fue revertida por otro magistrado).
Consultado por LA NACION, el abogado Adrián Tróccoli
dijo que el nuevo fallo produce como efecto que el primer haber -ya con el
reajuste aplicado tras un juicio- "represente entre 50 y 61%" del
último salario cobrado por quien se jubila, un rango que sería de "entre
el 80 y el 89% si en cambio se tomara el Isbic". La conclusión surge,
según explicó, de un análisis realizado en unos 600 casos de personas con un
promedio de 35 años de aportes. Por la variación que tuvieron en diferentes
años los índices aplicados, sostuvo Tróccoli, los más afectados serán quienes
se jubilaron entre 2004 y 2012. "El fallo no explica por qué extienden los
parámetros de las normativas de la reparación histórica como si eso fuera
obligatorio para el juez", afirmó el abogado, quien agregó que la Corte
exige en la materia que no se dicten parámetros "meramente dogmáticos sino
que se pruebe el daño y su reparación con guarismos sólidos"
Con respecto a Fantini, Tróccoli señaló que días atrás
suspendió el dictado de sentencias firmes para preguntarle a los demandantes si
iban a ingresar al programa oficial de pago de deudas a jubilados, algo que
demora los expedientes y para lo cual "la ley no le da facultades".
El costo de pagarles mal a los jubilados
En 2017 se destinarían $ 31.816,5 millones al pago de juicios; equivale a
3,4 millones de haberes promedio
la
DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Los pagos hechos por debajo de lo debido a los jubilados llevaron a que se iniciara una cantidad récord de juicios contra el Estado en los últimos años. Para 2017, la Anses prevé obtener la aprobación para contar con un presupuesto de $ 31.816,5 millones y destinarlo al pago de juicios: $ 15.000 millones serían para la liquidación regular de sentencias, y otros $ 16.816,5 millones para saldar retroactivos en el plan oficial de reparación histórica.
El monto equivale a 3,4 millones de haberes mensuales promedio. Según lo informado por la Anses, esa cifra es de $ 9287 a partir de este mes, en que por la ley de movilidad los ingresos de los pasivos se recompusieron en un 14,16%.
Que el Estado tenga que dedicar ese monto a cumplir con lo que ordenan los jueces, muestra los rastros de una estrategia que llevó a cientos de miles de jubilados a enormes esperas para cobrar lo que les corresponde, y al Estado a diferir el cumplimiento de su obligación de administrar correctamente los fondos del sistema.
Presupuesto para pagar juicios
Monto para 2017: según el proyecto oficial, la Anses contaría con $ 31.816,50 millones en 2017 para saldar juicios
Desagregado: $ 15.000 millones irían al pago regular de sentencias (igual monto que en 2016) y el resto al plan de reparación
En los últimos años, las distorsiones en el cálculo del haber inicial de quienes se jubilaron y la falta de actualización de muchos ingresos frente a la inflación, derivaron en una cantidad récord de juicios contra el Estado. Las sentencias dictadas por la Corte Suprema en las que se declaró la inconstitucionalidad de las estrategias del gobierno anterior, incentivaron las presentaciones de demandas.
Haber jubilatorio promedio
Movilidad: este mes las jubilaciones de la Anses subieron un 14,16% y el ingreso promedio se ubicó en $ 9287
Distorsión: la Anses pagaría hoy 3,4 millones de haberes mensuales con el dinero que en 2017 prevé destinar a juicios
La última actualización del ingreso jubilatorio -que no logra compensar los efectos de la inflación- ubicó al haber mínimo del sistema nacional en $ 5661, y al máximo en $ 41.474. Para un grupo de 264.000 jubilados, la suba fue acompañada por una mejora derivada de implementar el plan de reparación histórica, que prevé llegar a acuerdos transaccionales para aliviar la litigiosidad.
La Anses, nuevamente habilitada a usar su fondo de garantía
La Justicia suspendió la limitación que tenía el organismo para asignar recursos.
Silvia Stang
Silvia Stang
LA NACIÓN
LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016 • 17:08
La Justicia suspendió la limitación que tenía la Anses para asignar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al pago de las recomposiciones de haberes según el plan de reparación histórica. Así, el organismo quedó habilitado para hacer uso de esos fondos, aunque la cuestión judicial no está aún definitivamente resuelta.
El 24 de agosto pasado, el juez Juan Fantini, del fuero de la Seguridad Social, había dictado una medida cautelar a instancias de un amparo presentado por el jubilado y ex funcionario de la Anses, Miguel Ángel Fernández Pastor. La resolución judicial le ordenó a la Anses abstenerse de usar los recursos del FGS por un plazo de tres meses, o hasta tanto se resolviera la cuestión judicial de fondo. Una semana después, el organismo previsional presentó su apelación. Y hoy, el juez Fernando Strasser aceptó ese recurso "con efecto suspensivo".
La ley 27.260, que aprobó el programa de reparación histórica, dispuso que para los pagos se tomarán recursos del FGS provenientes de sus utilidades líquidas y, de ser necesario, también de la venta de activos. La normativa también previó que el Tesoro remita fondos para hacer frente a los pagos.
La recomposición de haberes según este plan oficial comenzó este mismo mes, con el pago a un grupo de 264.000 jubilados que cumplen con los siguientes requisitos: no hicieron juicio, son mayores de 80 años y reciben un aumento que no significa más de $ 1000 mensuales; además, el haber ya reajustado (en estos casos) no supera el equivalente a dos haberes mínimos, es decir, $ 11.322.
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